Noticias Nacionales

Nacionales

Este lunes inicia la inspección de archivos militares por masacre El Mozote



Según lo determinó el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, la inspección de los archivos militares por la masacre de El Mozote, ocurrida en la época de la guerra civil, deben iniciar este lunes 21 de septiembre. La acción la llevará a cabo peritos y archivistas juramentados.

El pasado 15 de junio, Guzmán ordenó la realización de inspecciones en ocho archivos militares.

Los principales objetivos de la búsqueda son el “plan militar de la operación Rescate de 1981”, el nombre del operativo que terminó en la masacre; los “planes de operaciones militares en el país entre 1980 y 1984”, así como “planes militares de nivel nacional durante la guerra y sus anexos”.

También se persigue la “normativa militar durante la guerra”, tal como reglamentos y decretos ejecutivos o manuales de formación y de funciones; Órdenes Generales del Estado Mayor; análisis de inteligencia militar, informes periódicos de operaciones, informes de supervisión y control de operaciones, disponibilidad de recursos para desplegar operaciones y otros documentos administrativos vinculados al operativo de El Mozote y otros cantones y caseríos aledaños.

El equipo de peritos previamente juramentados está integrado por la guatemalteca Velia Elisa Muralles Bautista y los salvadoreños Fernando Rafael Díaz Alejandro y Jorge Alberto Juárez Ávila.

Los archivos que serán hurgados contemplan al menos 13 guarniciones militares del país, entre ellas: el Ministerio de Defensa, los archivos de la Unidad de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y el Archivo General de la Nación, la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Oscar Osorio” en San Juan Opico, Primera Brigada, Tercera Brigada en San Miguel, el Destacamento Militar Número Cuatro, en Morazán y el Comité de Prensa de la Fuerza Armada de El Salvador (COPREFA), de cuya ubicación el juez pide un informe al presidente Nayib Bukele.

Al respecto, el representante de Tutela Legal “María Julia Hernández” y miembro de la querella del caso, Wilfredo Medrano, dijo que el proceso penal de la masacre “El Mozote” contiene abundante prueba testimonial, documental, científica y otros documentos militares enviados por el Estado donde consta la hoja de vida de los 18 imputados.

“Consideramos que esos documentos se encuentran en el archivo. El juez al ordenar la diligencia emitió una medida cautelar con el objetivo de asegurar la existencia de esos documentos y no permitir el ocultamiento, la sustracción y extravío de documentos, de lo contrario daría lugar a delito”, confirmó.

“Se espera que los peritos hagan un diagnóstico de los archivos y si hay alguna prueba de tipo documental y si no, ellos mismos van a decir si es necesario reconstruir el archivo del Ejército”, agregó Medrano.

Sobre esa reconstrucción, Medrano aseguró que existen muchos archivos satélites del tema en medios de prensa, informes en la Asamblea Legislativa y en poder de diferentes instituciones que pueden coadyuvar a reconstruir un archivo general.

Obstáculos por años

El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre de El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

En el caso están implicados 18 militares y murieron alrededor de 1,000 campesinos. Dichos militares están siendo acusados por los delitos de asesinato, tortura, desaparición, desplazamiento forzado, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daño agravado, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo y actos propositivos.

En la presidencia de Nayib Bukele, el Ejecutivo ha respondido seis veces al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que “no existen documentos de planes militares relativos al Mozote en sus archivos”, pero que “abrían las puertas a las inspecciones”.

En contradicción a esto, el delegado de la Presidencia, José Ángel Peréz Chacón, durante una audiencia realizada el pasado 28 de agosto, dijo que “hay planes militares secretos que no pueden ser revelados por parte del Ministerio de Defensa”, porque la Fuerza Armada protege “bienes superiores de índole colectivo, como la seguridad nacional, la defensa del Estado y la soberanía de El Salvador”.

El juez Guzmán rechazó ese argumento, pues consideró que revelar planes militares de hace 40 años no produce alguna afectación a intereses de la seguridad nacional. Además, aclaró al delegado de la Presidencia que esa audiencia no era para discutir si se iban a abrir los archivos o no, sino para planificar la forma de hacerlo.

De acuerdo a una investigación realizada por Revista Factum, el pasado 10 de septiembre, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, envió un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares.

Según Merino, la causa penal del Mozote se desarrolla con el Código Penal de 1973, ya derogado, que estaba vigente cuando ocurrió la masacre y que, por tanto, el Ministerio de Defensa “no está en obligación de cumplir una decisión judicial sin un sustento legal vigente”.

Esta no es la primera vez que la administración de Bukele intenta obstaculizar este tipo de trabajos. En marzo de 2020, impidió el acceso de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que buscaban los archivos militares vinculados a los operativos militares realizados dentro de la Universidad de El Salvador entre 1970 y 1995.

David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, organización que también forma parte de la querella del caso, ha señalado que “hay un patrón histórico de ocultamiento de la información militar, pero a partir de la inconstitucionalidad de la amnistía este patrón se evidencia ante las autoridades, diciendo que los archivos habían sido destruidos y que no existían”.

En este contexto, recordó también el bloqueo a los archivos militares que se mantuvo en los 10 años del gobierno del FMLN.

Hecho histórico 

Pese a los obstáculos, organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador califican la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordena entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.

La inspección de los archivos durará 12 semanas: ocho semanas para la revisión documental y cuatro para el análisis y elaboración del informe pericial, que esperan este último, sea entregado entre el 7 y el 11 de diciembre, en el marco del aniversario de la masacre.

POR KAREN SERRANO

Síguenos

Encuesta

Nothing found!

Redes Sociales & Boletín

© 2020 ESITV. Derechos Reservados.Diseñado por: ASNetwork

Buscar